La elaboración de este real
decreto (PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS Y SUS RESIDUOS
30 de julio de 2014) se fundamenta en la disposición final tercera de la Ley 22/2011, de 28
de julio, que habilita al Gobierno para dictar las disposiciones reglamentarias
necesarias para el desarrollo y aplicación de la misma, y, en este caso
concreto, se desarrolla el régimen jurídico específico del flujo de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos.
La norma se estructura en once capítulos
que quedan ordenados, fundamentalmente, siguiendo las etapas que van desde la
aparición de los aparatos eléctricos y electrónicos en el mercado a la recogida
y gestión de los residuos de estos aparatos.
Así los capítulos segundo y
tercero están dedicados a regular las obligaciones de los distintos operadores
en las primeras etapas del AEE (Aparato eléctrico y Electrónico) y del RAEE (Residuo de los Apartos Eléctricos y Electrónicos): la puesta en el mercado de AEE, su
reutilización como AEE usado y la prevención de RAEE.
El capítulo cuarto se
centra en los aspectos de la recogida de RAEE, a través de todos los canales
previstos y la consecución de los objetivos de recogida de estos residuos.
El
capítulo quinto versa sobre el tratamiento específico de los residuos y los
objetivos de valorización, incluyendo la contabilización de los RAEE
trasladados fuera de España para su valorización.
Y el capítulo sexto está
dedicado al traslado de RAEE. Tras los capítulos dedicados a la puesta en el
mercado y gestión, los siguientes capítulos del séptimo al undécimo, están
dedicados a los aspectos relativos a las autorización y comunicaciones, a la
responsabilidad ampliada del productor de AEE, incluidas sus obligaciones,
condiciones de autorización, financiación y garantías financieras; a
continuación se recogen las obligaciones de información de las Administraciones
públicas, la coordinación en materia de RAEE a través del Centro de
coordinación y de sus dos instrumentos: la plataforma electrónica y la Oficina
de asignación.
El último capítulo está dedicado al régimen de inspección, vigilancia,
control y sanción.
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